Una ley de la dictadura...con reformas de la democracia

Sin pretensión de exhaustividad en el tema, a continuación se exponen los lineamientos generales de la ley de radiodifusión y de sus reformas más importantes. La idea es destacar que a pesar de ser efectivamente una “ley de la dictadura”, la composición actual del concentrado mapa medios es en gran parte responsabilidad de los gobiernos democráticos que la sucedieron. Las tres décadas de vigencia de esta ley están marcadas por la poca voluntad política para derogarla y sancionar una nueva normativa que tome como eje el derecho a la comunicación y por las reformas introducidas tendientes a acentuar el poder de capitales privados en el terreno comunicacional.

El Decreto-Ley 22.285, todavía regulador de la radiodifusión argentina, fue sancionado en marzo de 1980 por la última dictadura militar, y mediante su sanción se buscó articular los intereses del gobierno de facto (control ideológico) con los de las cámaras empresariales (promoción del fin de lucro). Esta normativa garantizaba el control estatal de los medios pese a ser gestionados por privados y obligaba al estado a prestar servicios de radiodifusión en zonas donde no sea rentable para un privado. A su vez, se fijó la adjudicación de licencias únicamente a personas físicas o jurídicas argentinas o naturalizadas con fines de lucro, excluyendo a todo tipo de sociedad no comercial. También se prohibió la entrada de capital extranjero y se inhibió a empresas o personas ligadas a los medios gráficos de ingresar al sistema. Se estableció un máximo de 3 licencias de radio y televisión por licenciatario en distintas áreas de cobertura más una adicional en zona de frontera y una FM. 15 años más una prorroga de 10 fue el plazo de adjudicación de licencias y el organismo a cargo de otorgarlas sería el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) dependiente del Poder Ejecutivo nacional y a cargo de miembros de las 3 fuerzas armadas.
Vale destacar que a pesar de seguir vigente la presente ley sufrió innumerables reformas por parte de los sucesivos gobiernos democráticos que acentuaron aún más el carácter privatista y comercial de la misma y favorecieron el desarrollo del mercado oligopólico que controla el espacio comunicacional hoy día. El fin de lucro prevaleció sobre el derecho a la comunicación.
El retorno a la democracia en 1983 no supuso una democratización de la radiodifusión y los 6 años de gobierno radical se caracterizaron por la imposibilidad de la sanción de una nueva ley, lo trabó la adjudicación de nuevas licencias manteniendo el statu quo y obligó a que el COMFER permanezca intervenido para que no fuera controlado por los militares.
Apenas iniciado el gobierno de Menem y marcando el camino a las políticas neoliberales que se sucederían en la década siguiente, fue sancionada en 1989 la ley 23.696 de Reforma del Estado. La misma eliminó diversas trabas que impedían la concentración de medios. Se anuló el tope de licencias por persona, se permitió el ingreso a los medios gráficos así como a empresas de otros sectores de la economía y se autorizó la constitución de sociedades constituidas por otras sociedades como licenciatarias. El saldo de esta reforma, sobre todo a partir de la privatización de los canales 11 y 13 de Buenos Aires, fue la constitución de dos grandes grupos multimedios: Telefe, propiedad de la Editorial Atlántida; y Clarín, el diario de mayor circulación del país que ya controlaba Radio Mitre.
Posteriormente también fue burlada la imposibilidad de capitales extranjeros de adquirir medios ya que la nueva Constitución en 1994 otorgó a los tratados ratificados por ley rango superior a las leyes ordinarias. Esto significó en la práctica el ingreso de capitales de países (Estados Unidos por ejemplo) con los que Argentina firmo tratados de reciprocidad de inversiones y que fueron avalados en el Congreso. Así fue como el Grupo Clarín vendió el 18% de sus acciones a la banca de inversiones Goldman Sachs, Editorial Atlántida cedió sus licencias a Telefónica y Alejandro Romay vendió Canal 9 al grupo australiano Prime TV entre los casos más resonantes.
Antes de abandonar el poder, Menem firmó en 1999 el Decreto 1005 con el se proponía asentar en la normativa una situación ya existente de hecho: la concentración de la propiedad y la oligopolización de un mercado caracterizado por la presencia de capitales extranjeros. En primer lugar, se blanqueo la situación del capital foráneo, incorporando los tratados suscriptos por el país en materia de inversiones. Otras modificaciones fueron la ampliación de 4 a 24 la cantidad de licencias por persona y la autorización para transmitir. Finalmente, se habilitó la transferencia de licencias y con ello se dio vía libre para la compra-venta de medios sin restricción alguna.
En 2003, pocos días después de la asunción de Néstor Kirchner, el Senado aprobó la ley 25.750 de Preservación de bienes y patrimonios culturales. El hecho destacado de la denominada “Ley Clarín” fue que fijó el tope de un 30% del capital de los medios de comunicación en manos de empresas extranjeras, lo que alivió la posición del grupo frente a sus acreedores externos en un contexto todavía marcado por la crisis económica y social de 2001. A la vez, el tope fijado por ley tenía un alcance limitado ya que no afectaba la situación de aquellos medios cuyas acciones ya estuvieran en poder de capital extranjero como era el caso del Grupo Telefónica.
Esta no fue la última concesión dada a los medios por un gobierno electo con sólo un 22% de los votos ya que no sólo el COMFER prorrogó automáticamente las licencias otorgadas a partir de la ley 23.696 sino que se firmó en mayo de 2005 el decreto 527 que suspendía por 10 años el conteo de tales licencias. La necesidad de actualización técnica y el compromiso de los medios de incluir en su programación espacios de defensa de la cultura nacional fueron las excusas firmadas por el entonces presidente Kirchner para otorgar 10 años de gracia a los principales a escasos meses de las elecciones legislativas de ese año.
En pleno tratamiento del proyecto de ley Servicios Audiovisuales presentado por el gobierno nacional vale tener presente este devenir de la ley de radiodifusión para saber que es realmente lo que se esta reformando y partir de allí para un debate sobre una nueva (y necesaria) ley de medios.